Leobardo González Castro. El Sudcaliforniano, Los Cabos.
Vecinos externaron de viva voz la situación de terror que han impuesto unos particulares que buscan apropiarse de los predios que ocupan desde hace más de 100 años.
Los Cabos, Baja California Sur.- Las diputadas Georgina Noemí Hernández Beltrán y Jesús Armida Castro Guzmán, denunciaron en la tribuna del Congreso la violación de los derechos humanos y la agresión al patrimonio de la población de Cabo Pulmo; al tiempo que el pleno del Poder Legislativo se pronunció contra la impunidad de quienes creen que con el poder económico pueden pisotear los derechos de los ciudadanos sudcalifornianos.
El Congreso del Estado emitió un acuerdo económico para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado proteger a las familias que habitan en la zona de Cabo Pulmo, quienes desde hace una semana sufren las amenazas, destrucción de vivienda, despojo e invasión de sus predios por parte de guardias que defienden los intereses de la Inmobiliaria Cragar Desarrollos Sociedad Anónima de Capital Variable.
Señalaron las legisladoras que el conflicto se originó el lunes 11 del presente, cuando unas 50 personas de la Constructora Cragar irrumpieron destruyendo dos casas de la familia Castro, pretendiendo apropiarse de sus terrenos que habían venido disputando con resultados desfavorables por la vía legal y que corresponden al predio San Juan, donde la familia afectada habita desde hace más de 110 años.
Dicho acuerdo también contempla el exhorto al gobernador del estado Narciso Agúndez Montaño para que todos los funcionarios de primer nivel quienes no estén cumpliendo con sus responsabilidades, se le solicite su renuncia inmediata.
Las familias agredidas, interpusieron una denuncia penal el mismo día y agentes del Ministerio Público de la Delegación de La Ribera, acudieron al lugar cuando aún eran derribados los muros de la vivienda.
Precisaron que durante las visitas al lugar constataron el temor que existe entre los habitantes quienes han suspendido sus actividades productivas pesqueras por cuidar sus hogares ante el riesgo de ser derrumbadas por trabajadores de la empresa constructora que se presentó como propietaria de los predios.
La población ha denunciado que las inmobiliarias Destiladeras Cabo del Este S de R.L., y Cragar Desarrollos SA de CV., se han estado disputando los terrenos donde están edificadas las casas de la población; ahora Cragar usa este método de demolición para apropiarse de sus casas y terrenos.
Así mismo el Congreso del Estado solicita a la PROFEPA, CNA y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de SEMARNAT intervenir para garantizar la vigilancia y protección de la región de Cabo Pulmo.
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