“Esperaron a que nos fuéramos para tirar nuestras casas”

El Universal
Domingo 15 de julio de 2007

LA PAZ, BC.— “A puro pico y marro tiraron las casas de mi primo y mi sobrino”, aseguró Mario Castro Lucero, cuyos familiares denunciaron a la inmobiliaria Cragar Desarrollos por los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, por la destrucción de sus viviendas en la localidad costera de Cabo Pulmo, municipio de Los Cabos, al sur del estado.
Castro Lucero dijo que su familia es “gente pacífica y respetuosa de la ley”, y consideró que la destrucción de las dos casas y el desalojo de sus moradores fue el último recurso que utilizó la empresa para intentar apropiarse de 62 hectáreas de terrenos costeros, luego de que en dos juicios anteriores las autoridades fallaron a favor de él y de su familia de comuneros.

“Nunca habían sido tan agresivos, pero esta vez se pasaron”, añadió el colono al referirse a la empresa inmobiliaria que argumenta que cuenta con escrituras que avalan que a ella le pertenecen los terrenos, documentos con fecha 11 de septiembre de 1997.

Castro Lucero argumentó que luego de destruir las casas de sus parientes, empleados de la constructora reciben ahora 200 pesos diarios por mantener ocupados los terrenos.

Según el comunero, el lunes 11 de junio llegaron al lugar aproximadamente 50 empleados de la constructora, cuando los propietarios de los predios fueron a dejar a sus hijos a la escuela.

“Nos jugaron rudo; esperaron a que nos fuéramos”, añadió y dijo que su casa no fue derrumbada porque lo impidió su esposa, Ana Lilia Arvizu. Sin embargo, al igual que otros colonos, fue desalojado del lugar por la fuerza.

“En una de esas, cuando tenga que salir, quizá al regreso ya no encuentre nada”, comentó con cierta incredulidad.

El comunero también aseguró que además de destruir las dos casas, los empleados de la constructora colocaron cadenas y candados en el rancho propiedad de su familia y clausuraron el pozo de agua del que se abastece la comunidad de Cabo Pulmo, habitado por unas 150 personas.

Los comuneros afectados presentaron una denuncia penal y esperan que las autoridades judiciales emitan su dictamen de un momento a otro.

Mientras, unos 15 integrantes de la familia Castro vigilan el el lugar para evitar que destruyan sus pertenencias.

Castro Lucero asegura que en varias ocasiones le han ofrecido dinero por su terreno y su casa, pero no ha querido aceptar, porque su abuelo, quien falleció a los 107 años de edad, les heredó las tierras.

Reconoció que “en algún momento” su abuelo pudo haber vendido algunos terrenos, pero no las 62 hectáreas que reclama la constructora.

Según Castro Lucero, si la constructora acredita ser la propietaria del predio, su familia abandonará el lugar. “A mí que me comprueben que no es mío y no les cuesta ni un cinco”, agregó.

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